Condenan a expolicía en Chillán: filtró dirección para golpiza

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a Rodrigo Valenzuela Parra, exfuncionario de Carabineros del Retén Bonilla, por el delito de acceso ilícito a un sistema informático. El policía utilizó la base de datos institucional en 2022 para enviarle la dirección exacta de un sujeto a su primo, quien pretendía agredirlo, hecho que quedó al descubierto tras la pericia de su celular personal.

Un favor familiar por WhatsApp

Los antecedentes del caso indican que en noviembre de 2022, el entonces uniformado recibió una solicitud de su pariente, Christopher Muñoz Ortiz, apodado "El Yiyo". A través de mensajes de WhatsApp, su familiar le pidió ayuda para ubicar rápidamente el domicilio de un hombre desconocido.

En medio de la conversación, Muñoz le comunicó explícitamente las intenciones del encuentro, asegurando por chat que le iba a "partir el pecho" a la víctima. Pese a la grave advertencia, Rodrigo Valenzuela Parra decidió ingresar al Sistema de Información Operativa (SIO) de la policía.

Tras realizar la búsqueda con su usuario, el exfuncionario le envió capturas de pantalla entregando el rostro, nombre completo, RUT y la dirección exacta en el sector Las Lomas de Matías Solís Vera, la persona que su primo buscaba atacar.

El hallazgo fortuito de Asuntos Internos

La grave filtración no fue denunciada por la víctima, sino que quedó al descubierto de manera completamente accidental. En esa época, Asuntos Internos investigaba a Valenzuela por presuntas irregularidades, cohecho y apropiación de dinero, tras recibir denuncias cruzadas de dos de sus parejas paralelas.

En el marco de esa primera indagatoria, la Fiscalía ordenó periciar el teléfono del policía. Al revisar la extracción completa de datos realizada por Labocar de Concepción, los investigadores encontraron los pantallazos y el diálogo que comprobaban el mal uso de la plataforma policial.

Condena y suspensión de cargo público

Durante el juicio oral, la defensa del uniformado argumentó que él contaba con los accesos al sistema y no actuó como un "hacker". Sin embargo, el tribunal estimó que el efectivo sobrepasó los límites legales al emplear herramientas fiscales para fines absolutamente ajenos a su labor, facilitando un acto de violencia.

Tras comprobarse el delito informático, la justicia dictó una condena de 541 días de presidio, la cual fue sustituida por el beneficio de la remisión condicional. Además, el fallo determinó su suspensión absoluta para ejercer cargos públicos mientras se cumpla la sentencia.