Contraloría ordena devolver retención aplicada por Tesorería a deuda del CAE

La Tesorería General de la República (TGR) sufrió un importante revés jurídico e institucional. La Contraloría General de la República acogió de manera formal el reclamo presentado por una trabajadora independiente, ordenando al organismo recaudador dejar sin efecto y restituir de forma íntegra la retención aplicada a su devolución de impuestos, la cual había sido ejecutada para cubrir una deuda morosa del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El dictamen marca un precedente clave respecto a los límites que posee el Estado al momento de cobrar el financiamiento de la educación superior, resguardando el patrimonio previsional de los cotizantes.

El origen del conflicto: Boletas de honorarios en Chonchi

El caso bajo análisis se originó cuando la Tesorería procedió a retener y compensar de forma automática una parte de la devolución del Impuesto a la Renta de la afectada correspondiente al año tributario 2023, destinando dichos montos a la amortización de las cuotas impagas de su crédito estudiantil.

Sin embargo, la profesional independiente recurrió al ente contralor argumentando que los recursos que le fueron confiscados no correspondían a utilidades libres, sino que provenían estrictamente de los descuentos legales obligatorios realizados en sus boletas de honorarios emitidas por servicios prestados a la Municipalidad de Chonchi, en la Región de Los Lagos.

Al concretarse el descuento por parte de la TGR, esos fondos destinados por ley al pago de su seguridad social desaparecieron, obligando a la trabajadora a tener que cubrir sus cotizaciones de salud y AFP con recursos propios (un doble desembolso) para no quedar desprotegida en la red asistencial.

Criterio de Dorothy Pérez: La seguridad social es prioridad

Tras realizar una exhaustiva revisión de las normativas legales vigentes, la Contraloría General —liderada por Dorothy Pérez— falló a favor de la denunciante y ordenó a la Tesorería General la restitución inmediata de los dineros descontados.

El argumento matriz del órgano fiscalizador determinó que en la legislación chilena debe prevalecer de forma prioritaria el resguardo y pago de las cotizaciones de seguridad social de cualquier trabajador. Por consiguiente, el cumplimiento de las obligaciones previsionales y de salud de las personas naturales posee un rango de protección jurídica superior y privilegiada por sobre los mecanismos de cobranza ejecutiva de deudas educacionales o comerciales mantenidas con el fisco.