Con la prohibición de expropiación de fondos de pensiones el consejo constitucional podría acabar con la reforma de pensiones del gobierno

La propuesta de reforma de pensiones inicial del gobierno buscaba instalar un sistema de reparto con el 6% adicional de cotizaciones. Entre otras cosas, buscaba dejar al estado como único administrador de los fondos. Ambas propuestas contenidas en la reforma no serían posibles si se aprobara el texto constitucional en diciembre próximo.

Por un lado, porque el Consejo Constitucional estipula que los fondos previsionales son inexpropiables, y por otro, porque consagra la libertad de elección entre instituciones estatales o privadas.

La oposición política y ciudadana que generó la primera versión de la reforma del gobierno les obligó a flexibilizarla. La última información habla de indicaciones del Ejecutivo que destinarían un 4% a un fondo solidario y un 2% a cuentas individuales. Según la encuesta Criteria, el 69% de los chilenos quiere que el 6% íntegro vaya sus cuentas, y el 59% de la gente cree que, si sus fondos de pensiones son administrados por el Estado, serán mal utilizados por los políticos.

Ejecutivo se queda sin piso

Además de tener bajo apoyo ciudadano, la fórmula del Gobierno ha perdido base en su propia coalición. Por ejemplo, el PPD propuso que un 2% de la cotización adicional se vaya a un seguro social, que otro 2% se vaya a cuentas individuales y que el 2% restante tenga como destino un seguro de longevidad mixto.

Sin apoyo ciudadano, sin piso político y con el riesgo de ser declarada inconstitucional, la reforma del Gobierno -flexibilizada o no- sigue en espera de que la Ministra Jeanette Jara presente las indicaciones al proyecto, que estaban comprometidas para fines de septiembre,

Ayer, diputados desde el PC a la UDI instaron públicamente a la Ministra Jara a presentar las indicaciones y permitir que se inicien las votaciones en la Cámara de Diputados. Alberto Undurraga, presidente de la DC y expresidente de la Comisión de Trabajo, dijo que el Ejecutivo comete un error. “El Gobierno piensa que puede lograr un acuerdo antes de ingresar el proyecto, y más bien la práctica de otros proyectos de ley, es que es bueno que el Gobierno envíe el proyecto al Parlamento y ahí nos pongamos de acuerdo de cuánto va a solidaridad y cuánto a las cuentas individuales. Ya se ha demorado algunas semanas respecto de su propio anuncio”, señaló.