Dominio Público Minero: la iniciativa que pone en alerta a la minería chilena

La próxima semana se votará en la Convención Constitucional la norma permanente de Dominio Público Minero y la propuesta de nacionalización de la minería en Chile. Esta situación ha alertado a quienes actualmente están detrás de la industria minera, ya que, el texto plantearía la extinción de las actuales concesiones mineras para ser reemplazadas por un sistema en donde se otorguen concesiones administrativas por un ente estatal.

Al respecto, un importante abogado minero, explicó a La Tercera que esto significa que “se pasa de concesiones judiciales perpetuas (como es en la actual Constitución), a concesiones administrativas y temporales, donde no se señala el tiempo, ni las condiciones de renovación. Además, no se señala nada sobre el régimen de transición y la retroactividad (...) Si se aplica a las concesiones existentes se acerca peligrosamente a una expropiación".

El gerente de Estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, indicó al mismo medio antes citado que, no se respetarán las concesiones mineras vigentes, porque señala que se extinguirá la propiedad de estas al entrar en vigor la nueva Constitución. "Imagínese la incertidumbre a la que quedarán expuestos los exploradores y productores de cobre frente a un posible cambio de ley que elimine la concesibilidad del metal y con ello, la continuidad de sus operaciones. La inversión minera es riesgosa en su naturaleza y larga en sus tiempos, requiriendo de normas ciertas y estables. Por esto, estimamos que esta regulación debiera quedar entregada a una ley de quórum superior", expresó.

Por otra parte, el académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, José Joaquín Jara, analizó que “Se le otorga demasiado poder al ente administrativo para revocar los derechos cuando se les plazca (...) cuando se entrega arbitrariedad al poder administrativo y las reglas no son claras, eso podría generar corrupción y la corrupción al final lo que hace es que los beneficios de la actividad minera, en vez de llegar a la población en general, son capturados por pequeños grupos que tienen poder político o cercanos al régimen (de turno), por ejemplo”.

Versión de los constituyentes detrás de la iniciativa

En relación a lo mismo, la representante del Colectivo Socialista, Trinidad Castillo, recordó que “La Constitución actual es el único caso, que yo conozco, en que un concesionario es propietario. Es como pagar un arriendo y que te digan usted no es dueño de la casa, pero es propietario del derecho de arriendo y lo puede vender, transar, le da derecho a pintar la casa y botar paredes. Eso es un absurdo. Quien tiene una autorización tiene derecho a lo que esa autorización diga, pero no es propietario de nada. Y donde no hay propiedad, no puede haber expropiación, ni encubierta, ni descubierta”.

Continuó explicando que "Nosotros tenemos que dar orientaciones generales y después la ley y las características de cada autorización se encargarán del detalle. Imagínate que nosotros vamos y decimos, por ejemplo, que durarán 30 años, y resulta que hay yacimientos específicos, que, por sus características, serían rentables en 35 (años). Vas a requerir una reforma constitucional con quórum supramayoritario. Esas rigideces serían aún peores para la inversión, que las eventuales incertidumbres que genere un marco general".

Bajo esa línea, Rodrigo Álvarez, convencional de Vamos Por Chile, expresó que "Para inversiones de tan largo plazo, esta es una norma extraordinariamente perjudicial. Es muy malo para la industria minera chilena pasar de un estatuto de derechos, a un estatuto de permisos".

Por otro lado, el constituyente del pacto Independientes por una Nueva Constitución, Juan José Martin, indicó que "Dejarle esta competencia a un órgano administrativo, permite una revisión necesaria por parte del Estado, que un órgano judicial no es capaz de realizar. Además del hecho que sea un órgano administrativo no se sigue, necesariamente, que existan decisiones arbitrarias, sino que se realizan de forma técnica, mediante un procedimiento transparente e informado. En segundo lugar, los plazos de la utilización y condiciones de renovación no son cuestiones que típicamente se señalen en una Constitución, sino que corresponden a materias de rango legal".      

Finalmente, Trinidad Castillo, manifestó que al menos #todos estamos de acuerdo en elevar los estándares socioambientales de la industria minera: que existan algunos ecosistemas en que esta no puede operar, que las autorizaciones se otorguen por vía administrativa y no judicial. que sean temporales y caducables, entre otras disposiciones".