Gobierno confirma que ingresó indicaciones para revocar pensiones de gracia

Después de su participación en el foro "Mejores pensiones para las mujeres de Chile", la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó el lunes la controversia generada por las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno a al menos siete personas condenadas por diversos delitos durante el estallido social.

La polémica se intensificó cuando el periódico El Líbero reveló el domingo que Jesús Véjar Vega, condenado por homicidio en 2015 y con antecedentes penales previos, recibe una pensión cercana a los $600 mil tras ser detenido por disturbios en octubre de 2019 en la Plaza Belén de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Este individuo cumple una condena por apuñalar en el tórax y la cara a un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. A pesar de ello, en agosto de 2022, la Comisión Especial Asesora del Presidente aceptó su solicitud, otorgándole "dos sueldos mínimos no remuneracionales" mensuales de por vida. Véjar es uno de los 40 pensionados en el contexto de los disturbios de 2019 que tienen antecedentes penales.

Vallejo confirmó que el gobierno ya presentó las indicaciones anunciadas para revocar el beneficio y exigir antecedentes penales, señalando que personas como Véjar perderían el beneficio estatal. "Entiendo que sí, pero quiero señalar algo antes. Las pensiones de gracia están reguladas por un reglamento que se redactó en enero del año en que asumimos, es decir, antes de asumir", precisó.

Aunque defendió la actuación del Ejecutivo "de acuerdo a la ley y el reglamento", la ministra dijo que la normativa "no nos gusta y la cambiaremos por sus efectos".

"¿Qué modificaremos concretamente? En primer lugar, para otorgar pensiones de gracia, se requerirá considerar los antecedentes penales, algo que antes no era obligatorio (...). Creo que la sociedad ha llevado a cabo una discusión pública que el gobierno ha entendido y con la que está de acuerdo, por lo que procederemos con esa indicación", detalló.

La segunda indicación se refiere a la posibilidad de retirar las pensiones de gracia a aquellos que cometan delitos. Sin embargo, anticipó que la presentación de las indicaciones apenas iniciará la discusión legislativa y que posteriormente vendrá "probablemente una discusión más completa".