Un equilibrio entre tributos razonables y crecimiento económico es el objetivo deseado para que el Estado haga frente a las necesidades sociales, sin que los ingresos fiscales se vean neutralizados por las amortizaciones futuras de la deuda externa.

Sergio Hernández, abogado, director ejecutivo APRIMIN, aseguró en una reciente columna de opinió que así, como las utilidades de las empresas son la base sobre la cual el Fisco recauda mayores ingresos tributarios, también se hace indispensable la certeza jurídica sobre la carga tributaria para promover la inversión.

Los planteamientos anteriores abren el debate ante la discusión del proyecto de ley de royalty minero y las indicaciones que ha presentado el senador Guido Girardi en la Comisión de Minería del Senado.

“Como primer punto, me parece meritorio que esta propuesta y el mismo debate entre los senadores, se haya alejado del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que claramente, por su exégesis, lograba en el largo plazo una fuerte caída de la actividad minera y, por tanto, una progresiva disminución de los empleos y de los tributos provenientes de esa actividad”, asevera Hernández.

Sobre la propuesta del senador, explica que, “incluye, como base, un razonable tributo de un 1% sobre las ventas; sin embargo, como existen mineras de altos costos y yacimientos mineros de distinto valor para el Estado como dueño de las minas, me parece razonable que este tributo base no se aplique en los casos que una empresa específica no tenga utilidades tributarias o cuya utilidad no alcance a cubrir el monto de ese tributo”.

Para Hernández, la propuesta de aplicar una escala progresiva, creciente en sus tasas sobre la utilidad operacional minera en la medida que aumente el precio del cobre, de entre un 2% a un 40%, no reconoce el hecho que los costos de las compañías mineras tienen siempre tendencia media al alza. 

“Si bien se aplica la tasa sobre la utilidad, las tasas más altas (32%, 36%, 40% aplicadas por tramos), sumadas al impuesto a la renta, arrojarían una tasa efectiva total fuera de otros países competitivos, perdiendo Chile una parte de las potenciales inversiones futuras y, por tanto, reduciendo la recaudación tributaria sobre la teóricamente esperada”, detalla.

Considerando este escenario y reconociendo que se requieren mayores recursos y permanentes para el financiamiento de gastos, “es necesario que un royalty minero no ahuyente la inversión, sino que la estimule”, asevera.