El Servicio Nacional del Consumidor inició una fiscalización a nivel nacional con el objetivo de verificar algunas prácticas que estarían afectando a los consumidores respecto al costo del examen para detectar el COVID-19.

La investigación se inició luego tras analizar los reclamos que indican que “diversos centros médicos están incurriendo en prácticas contrarias a lo establecido en la Circular de la Superintendencia de Salud y de la Ley del Consumidor”, según consignó el portal oficial del Sernac.

Cabe recordar que el instructivo indica que cuando el paciente llega con una orden externa para realizarse el examen PCR para detectar el COVID-19, deben hacerlo; y no obligarlo a una nueva consulta con los médicos del centro.

Pese a ello, en los reclamos recibidos se ha detectado que el laboratorio exige a la persona una orden médica de un profesional del mismo hospital o centro médico. Y además, les exigen realizarse otros exámenes.

Si bien, el precio del PCR fue fijado por la autoridad de salud en un valor monto máximo de $25.000 ,los centros de salud encarecen artificialmente el costo básico del examen, "amarrando", condicionando o atándolo a otros productos o servicios, que incluso alcanzan los 80 mil pesos.

Al respecto, el Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que, con la mala práctica de las ventas atadas, además de infringir la ley sectorial, las entidades de salud estarían afectando el derecho a la libre elección establecido en la Ley del Consumidor y que implica que las personas tengan que pagar demás por servicios o prestaciones que no necesita, incluso sin que siquiera se le consulte o contra de su voluntad.

"Las ventas atadas son peores en este caso porque se trata de un examen donde está en juego la salud de las personas y la intención de la autoridad al fijar un precio, es que éste se respetara", dijo.

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, el SERNAC recibió alrededor de 200 reclamos relacionados a la realización del examen PCR. La mayor parte de los casos fue por retardo en la entrega de los resultados (66%); seguido por cobros superiores debido a la inclusión de otras prestaciones (18%); en tercer lugar, los reclamos apuntan a la exigencia de una orden de un médico del mismo centro médico (5%).