Sindicatos de supervisores mineros se oponen a estatización de la minería y advierten sobre sus efectos

“Para tomar buenas decisiones donde hay diferentes opiniones, debemos ocupar herramientas que nos permitan ver con claridad la situación, y habiliten la oportunidad de discutir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Creemos que esto es fundamental para tomar las mejores decisiones con objetividad”, declara la Federación de Supervisores de la Minería Privada, Fesumin, ante las recientes decisiones de la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, aprobando propuestas que buscan nacionalizar la industria minera en Chile.

“Estamos de acuerdo que debe haber cambios que permitan distribuir de mejor forma los réditos y lograr una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos de Chile, regulando adecuadamente la explotación de nuestros recursos naturales de manera sostenible, pero las propuestas de cambio deben asegurar una estabilidad económica y laboral. Una decisión sin análisis global puede provocar perjuicios en diferentes ámbitos a nivel país”, advierte el gremio.

Y como actores que se verían directamente afectados, Fesumin plantea una serie de cuestionamientos e interrogantes a quienes apoyan estas propuestas, con una clara inquietud de fondo: que no se esté tomando cabal conciencia del impacto que una nacionalización de las compañías mineras privadas tendría para las y los trabajadores, empresas, comunidades y las regiones que viven de esta actividad.

Para reforzar este punto, se hace hincapié en que la minería abarca una serie de encadenamientos productivos, “que apalancan un importante grupo de empresas de servicios que apoyan el proceso. Indirectamente, también se beneficia el comercio de las regiones, siendo todos estos factores también beneficiosos para conciudadanos emprendedores”, añade el comunicado.

Enfatizando que el ánimo de los sindicatos y federaciones mineras de empresas privadas, no es de crítica, sino  de cooperar con la búsqueda de soluciones que realmente aporten a “cambiar y/o mejorar los aspectos de desigualdad e injusticia social que afectan a nuestro país”, Fesumin sugiere que nacionalizar la minería no es el camino correcto.

“Como profesionales mineros, creemos que una opción viable para Chile es implementar mayores impuestos, como por ejemplo en los súper ciclos del precio del cobre, y la creación de un Royalty Minero, mediante el cual, el Estado pueda obtener una ganancia justa por la explotación de sus recursos naturales, obteniendo un aporte significativo para implementación de políticas públicas”, proponen como una alternativa más beneficiosa para el país.

Cuestionamiento por impactos de las propuestas

La declaración resalta que la minería ha sido uno de los motores de desarrollo económico de Chile desde hace décadas, aportando al PIB con altos porcentajes, sobre todo para las regiones mineras ubicadas en el norte.

“Este desarrollo ha sido el resultado tanto de la minería a cargo del Estado, a través de Codelco (Gran minería del cobre), y de Enami (que permite apoyar a la mediana y pequeña minería), como de las empresas privadas que desarrollan proyectos a lo largo del territorio nacional”, subraya Fesumin.

Se recuerda, además, que la minería genera 206.000 puestos de trabajo directos, y otros 800.000, si se suman los indirectos. “Esta empleabilidad es importante de preservar”, se enfatiza, planteando las siguientes interrogantes a quienes respaldan la nacionalización:

•         ¿Cuál es el plan de transición que tienen preparado para que todos los trabajadores y trabajadoras privados puedan operar en el modelo propuesto?

•         ¿El Estado cuenta con los recursos y capacidades para hacerse cargo de todas las compañías transnacionales que hoy operan en Chile?.

•         ¿Qué pasará con las empresas colaboradoras que hoy dependen de la minería privada, con miles de trabajadores y familias?

•         ¿Se respetarán los contratos colectivos de todo el sector minero tanto personal propio como empresas colaboradoras?

•         ¿Qué pasará con las zonas que viven de la minería y con el comercio de estas regiones?

•         El Estado cuenta con los recursos económicos para pagar las millonarias indemnizaciones a las compañías mineras hoy en día?

•         Finalmente, si el país estatiza la minería deberá disponer de US$ 65 mil millones para compensar a privados y otros US$ 50 mil millones para operar los yacimientos de aquí al 2030, calculan diversos analistas privados.
  

“Como trabajadores mineros estamos atentos a lo que se plantea en este proceso e invitamos a los involucrados a escuchar a las federaciones y organizaciones de trabajadores, quienes nos preocupamos de la fuente laboral de miles de compatriotas”, advierte la declaración.