Economista Luis Larraín comentó los riesgos de la aprobación de algunas normas en la Convención Constitucional

Miembros de la convención constitucional ya han comenzado a anunciar las primeras normas aprobadas para redactar la nueva carta magna de Chile, sin embargo, surgen algunas críticas respecto a las consecuencias económicas que tendría algunas de ellas para el futuro del país.

Luis Larraín, político, economista y director ejecutivo de Desarrollo y Libertad (DyL) expuso en una columna del diario El Financiero titulada “El otro extractivismo”, que en la convención si bien hay gente electa democráticamente, en su mayoría son personas que “han seguido al pie de la letra un libreto escrito por políticos e intelectuales de izquierda”, y que su mirada sobre “la riqueza, su creación y repartición es propia de quienes no conocen el mundo de la empresa. Se imaginan que la riqueza está bajo tierra o crece en los árboles, y entonces toda la cuestión es cambiar a sus propietarios”.

Esto, ya que, recordó que esto grupo señala “que en Chile el agua es de propiedad privada (falso, porque es un bien nacional de uso público); que la actividad minera es propia de un modelo extractivista que sólo favorece a las empresas en detrimento de las futuras generaciones, pues agotará nuestra riqueza (en circunstancias que es una de las actividades productivas que incorpora más tecnología, que tiene los estándares ambientales más exigentes y que fruto del respeto a los contratos y certeza jurídica no sólo no agota los minerales, sino que aumenta las reservas conocidas de los yacimientos existentes y los nuevos) y por si fuera poco, la minería entrega los empleos mejor remunerados de nuestra sociedad”.

Normas que serían un riesgo para Chile

Bajo esa línea, recalcó que en la Convención Constitucional “se están aprobando normas que, de ser en definitiva sancionadas, transformarían a Chile en un país empobrecido”. Algunas de las que expuso por ejemplo son: “la nacionalización del litio para producir vehículos, como Bolivia; nacionalizar también las empresas de cobre (pero gradualmente, para lo cual "irían" primero por La Escondida); caducar derechos de agua otorgados desde 1981 hasta ahora (si, 40 años) afectando a 350.000 regantes, y derogar el Código de Aguas recientemente modificado por una ley que demoró 10 años en aprobarse: retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), tribunal internacional que ve los conflictos en inversiones transnacionales, revisar todos los tratados y desechar el TPP 11 al que hoy otros países quieren ingresar por los beneficios que entregará a quienes lo suscriban”.

Agregó que las personas detrás de estas propuestas “desconocen que los minerales que se encuentran bajo tierra requieren años de trabajo, exploración, riesgo financiero, inversión en tecnología y comercialización para finalmente convertirse en riqueza. Que la fruta que ven en los árboles también requirió inversión de tiempo, capital, insumos y lo que es más importante: una cadena logística de comercialización y procesos tecnológicos altamente sofisticados para ponerla en la mesa de un consumidor en China, Japón, Europa o los Estados Unidos, que es lo que le da su principal valor económico. Lo mismo sucede con los salmones, la madera, la celulosa y tantas actividades económicas”.

Brecha entre expectativa y realidad

A esta visión de mundo, la llamó “nuevo extractivismo”, ya que, asegura que estas personas “en su ignorancia e inocencia impulsan muchos convencionales, y que consiste en burdamente arrebatarles la propiedad a sus actuales dueños, como si ello permitiese que los chilenos puedan vivir mejor”.

Dicho esto, concluyó que “el gobierno de Boric tendrá que hacerse cargo de esta brecha entre expectativas y posibilidades. Ellos tienen en el Frente Amplio y el Partido Comunista mayorías en la Convención para hacerlo. No pueden tomar palco, sino ejercer liderazgo. Los subsecretarios nombrados no ayudan: por primera vez desde la Unidad Popular el PC está en sectores productivas, con cargos en economía, en energía, en telecomunicaciones El gobierno no debiera avalar el espíritu del nuevo extractivismo que prima en la Convención, porque ello no le hace bien a Chile”.