Presupuesto 2027: El desafío del Maule para mantener sus inversiones con $10 mil millones menos

El financiamiento de las inversiones regionales se ha convertido en uno de los temas relevantes de la discusión del Presupuesto 2027. En el Maule, el desafío será compatibilizar una propuesta de menores recursos con las necesidades de infraestructura, conectividad, salud, seguridad y desarrollo de sus 30 comunas.

De acuerdo con información entregada a RedMaule por el equipo de comunicaciones del Gobierno Regional, el presupuesto original asignado a comienzos de 2026 bordeó los $118 mil millones, mientras que para 2027 se anticipan aproximadamente $108 mil millones. La diferencia representa una disminución cercana a $10 mil millones, equivalente al 8,6%, según las cifras proporcionadas por la administración regional.
Aunque este escenario plantea dificultades para la planificación de nuevas inversiones, desde el Gobierno Regional enfatizan que la prioridad será mantener los compromisos existentes y continuar avanzando en una cartera de proyectos que responda a las necesidades de la población.

La discusión, sin embargo, todavía no está cerrada. Los recursos definitivos dependerán de la tramitación de la Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional, instancia en la que también se han planteado alternativas para fortalecer el financiamiento y la ejecución regional.

Una cartera de 166 iniciativas que busca mantener su continuidad

Uno de los principales desafíos para 2027 será asegurar que las iniciativas actualmente comprometidas puedan continuar desarrollándose.

Según el Gobierno Regional, la planificación contempla 166 iniciativas de arrastre, es decir, proyectos provenientes de períodos anteriores que requieren continuidad en su ejecución o financiamiento. Estas iniciativas abarcan distintas áreas, entre ellas conectividad y transporte, equipamiento, desarrollo comunal, salud, seguridad pública y subvenciones a iniciativas públicas y privadas. La magnitud de esta cartera permite dimensionar la importancia de contar con recursos suficientes para sostener los compromisos adquiridos y, al mismo tiempo, disponer de capacidad financiera para impulsar nuevas inversiones.

Consultado por RedMaule sobre las consecuencias que podría tener la disminución presupuestaria, el Gobierno Regional reconoció que existirán efectos, aunque precisó que todavía no es posible determinar su alcance: “Claramente habrá efectos, pero una vez que sepamos con qué recursos contaremos haremos ese análisis. Nuestro compromiso es resguardar la continuidad de las inversiones ya comprometidas y avanzar con una cartera preparada para ejecutar eficientemente”, señalaron desde la administración regional.

Por ahora, no se ha informado una nómina de iniciativas que deban postergarse, reducir su alcance o modificar sus plazos como consecuencia del presupuesto propuesto para 2027. Por ello, resulta prematuro hablar de obras suspendidas o proyectos que perderán definitivamente sus recursos. La definición dependerá tanto del financiamiento finalmente aprobado como de la programación que establezca el Gobierno Regional para el próximo año.

Las 30 comunas en el centro de la planificación

Más allá de la cifra global, uno de los aspectos relevantes será la forma en que los recursos disponibles se distribuyan territorialmente.

El Maule reúne realidades diversas. Las necesidades de infraestructura y servicios de las capitales provinciales conviven con las demandas de comunas rurales, localidades apartadas y municipios que cuentan con menores capacidades financieras. En ese contexto, la distribución de la inversión pública adquiere especial importancia.

Desde el Gobierno Regional explicaron a RedMaule que su planificación considera dos criterios prioritarios: llegar a las 30 comunas y entregar mayor apoyo a aquellas que disponen de menos recursos. “Desde que asumimos el Gobierno Regional hemos priorizado dos criterios: llegar a las 30 comunas y entregar un mayor apoyo a las comunas más pequeñas o con menos recursos”, indicaron.

Según la institución, esta orientación se mantendrá durante 2027 y la distribución proyectada entre iniciativas comprometidas y nuevas busca ser equitativa. Sin embargo, todavía no se han proporcionado montos desagregados para las provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

Conocer esa distribución será fundamental para evaluar cómo se traducen los criterios de equidad territorial en inversiones concretas. La discusión no se limita a cuánto recibe cada provincia, sino también a qué necesidades se priorizan y qué capacidad tienen los municipios para formular y ejecutar proyectos.

Ejecución presupuestaria: un antecedente para enfrentar el ajuste

La discusión sobre los recursos disponibles también ha puesto atención en la capacidad de los gobiernos regionales para ejecutar sus presupuestos.

En el caso del Maule, la administración regional informó a RedMaule que alcanzó un 68,67% de ejecución presupuestaria a septiembre de 2026. Desde la institución atribuyen este resultado a la existencia de una cartera de proyectos preparada, al trabajo para resolver dificultades administrativas y a la coordinación de los equipos responsables de ejecutar las inversiones.

Asimismo, sostienen que el Maule lidera la ejecución presupuestaria entre los gobiernos regionales del país, afirmación que debe contrastarse con los resultados oficiales comparables del mismo período. El porcentaje informado constituye un antecedente relevante en el debate, pues permite observar el avance en la utilización de los recursos durante el año.

No obstante, la ejecución presupuestaria no depende exclusivamente de la disponibilidad de financiamiento. También intervienen procesos administrativos, licitaciones, autorizaciones y coordinación entre instituciones. Desde el Gobierno Regional identifican precisamente la dependencia de decisiones y procedimientos del nivel central como una de las dificultades para gestionar los recursos con mayor rapidez.

Este punto abre una dimensión adicional para la discusión de 2027: junto con definir los montos, resulta relevante revisar los mecanismos que permitan transformar oportunamente los presupuestos aprobados en proyectos y obras.

El respaldo parlamentario a las gestiones regionales

Mientras continúa la discusión presupuestaria, el Gobierno Regional del Maule asegura que ha desarrollado gestiones para intentar modificar la reducción propuesta. Según informó a RedMaule, la administración regional ha trabajado junto a alcaldes y parlamentarios, además de coordinar posiciones con otros gobiernos regionales. La institución también señaló haber participado en tres reuniones de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, en el marco de las gestiones destinadas a defender el financiamiento regional.

A estas acciones se suma la posición del diputado Jorge Guzmán, quien manifestó a RedMaule su respaldo a la solicitud de mantener los recursos destinados al Maule: “Nuestra posición ha sido clara y consistente: el Gobierno Regional del Maule no debería sufrir una rebaja presupuestaria, especialmente considerando su buen nivel de ejecución y la importante cartera de proyectos que necesita financiar en los próximos años”, sostuvo el parlamentario.

El diputado señaló que se han alineado con el gobernador regional para solicitar al Ejecutivo que mantenga o incremente los recursos destinados a la región: “Esperamos que el ministro de Hacienda acoja esta petición y corrija la propuesta durante la discusión presupuestaria”, agregó. Su planteamiento se suma a la preocupación expresada por el Gobierno Regional respecto de la capacidad de financiar tanto las iniciativas comprometidas como las nuevas necesidades de inversión.

Dos mecanismos para dar mayor certeza a las inversiones

Más allá de su posición frente a la disminución presupuestaria, el diputado Guzmán planteó dos mecanismos que, a su juicio, permitirían proteger la continuidad de los proyectos regionales. El primero consiste en incorporar en la Ley de Presupuestos 2027 la posibilidad de suplementar recursos a los gobiernos regionales que demuestren una buena ejecución presupuestaria. Según explicó el parlamentario, esta alternativa ha sido abordada en conversaciones con el ministro de Hacienda: “Creemos que una buena gestión debe tener un reconocimiento concreto y traducirse en mayores recursos para financiar nuevos proyectos y dar continuidad a los ya comprometidos”, afirmó.

La propuesta apunta a que las administraciones regionales que cuenten con una cartera sólida de proyectos y demuestren capacidad de ejecución puedan acceder a financiamiento adicional durante el año.

El segundo mecanismo busca evitar que, una vez aprobados los presupuestos regionales, se realicen rebajas posteriores para financiar emergencias surgidas durante el ejercicio presupuestario. El diputado reconoció la necesidad de responder oportunamente ante estas situaciones, pero sostuvo que su financiamiento no debería afectar la planificación ni comprometer inversiones previamente acordadas: “El Maule necesita certezas presupuestarias. Una buena ejecución debe traducirse en más recursos, y los proyectos comprometidos con las comunas deben contar con el financiamiento necesario para concretarse”, enfatizó.

Ambos planteamientos constituyen propuestas para la discusión legislativa y no medidas cuya aprobación esté asegurada. Su eventual incorporación dependerá de las decisiones que se adopten durante la tramitación presupuestaria y de las disposiciones legales que finalmente se establezcan.

Más allá de gastar los recursos: medir su impacto

El debate presupuestario también plantea una pregunta sobre cómo evaluar los resultados de la inversión pública.

Para el diputado Guzmán, uno de los cambios necesarios es fortalecer la fiscalización de las carteras de proyectos e implementar un sistema de incentivos que vincule la asignación de recursos con la gestión de los gobiernos regionales. “Las regiones que cuenten con una cartera sólida de proyectos y demuestren una buena ejecución presupuestaria deberían tener la posibilidad de acceder a recursos adicionales durante el año. Por el contrario, aquellas que no cumplan con estos estándares deben enfrentar consecuencias en sus asignaciones presupuestarias”, planteó. La propuesta introduce una discusión sobre los criterios que deberían utilizarse para evaluar el desempeño regional.

Si bien los porcentajes de ejecución permiten medir el avance financiero, por sí solos no explican las causas de una menor utilización de recursos ni permiten determinar la calidad o el impacto de las inversiones. Factores como las dificultades administrativas, la complejidad de los proyectos o las capacidades técnicas de los municipios también pueden influir en los resultados.

En esa línea, el propio parlamentario planteó que la evaluación de los gobiernos regionales no debería limitarse al cumplimiento de las metas financieras: “No basta con ejecutar el presupuesto: debemos asegurar que las inversiones generen un impacto real en la vida de las personas, resuelvan problemas históricos de las regiones, impulsen el empleo y abran nuevas oportunidades para sus habitantes”, sostuvo.

Esta mirada amplía el debate: además de ejecutar los recursos oportunamente, resulta necesario observar si las inversiones contribuyen a resolver necesidades concretas de las comunidades.

Planificar 2027 con una mirada de largo plazo

La eventual reducción presupuestaria plantea desafíos para el Maule, pero también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con una planificación regional que permita establecer prioridades claras.

Para la administración regional, esa tarea supone resguardar las inversiones comprometidas, evaluar la disponibilidad de recursos para nuevas iniciativas y mantener una distribución territorial que considere las necesidades de sus 30 comunas.

Desde el Congreso, las propuestas planteadas por el diputado Guzmán apuntan a complementar esa planificación con mecanismos de financiamiento adicional, mayor estabilidad presupuestaria e incentivos asociados a la gestión.

Aunque ambas posiciones coinciden en la necesidad de proteger la inversión regional, todavía resta conocer qué alternativas serán acogidas durante la discusión legislativa y con qué recursos contará finalmente el Maule.

Una vez aprobada la Ley de Presupuestos, corresponderá traducir las asignaciones definitivas en una programación concreta de inversiones, con prioridades, plazos y proyectos identificables.

Para las comunidades, el resultado de ese proceso tendrá una dimensión práctica: la posibilidad de avanzar en conectividad, infraestructura, equipamiento, salud, seguridad y servicios que contribuyan al desarrollo de sus territorios. Porque el resultado de la discusión presupuestaria no se medirá solamente en los millones de pesos aprobados, sino también en la capacidad de convertir esos recursos en proyectos que mejoren la vida de los habitantes del Maule.