La Fiscalía del Maule respondió este lunes, a través de un comunicado, a los cuestionamientos realizados por el comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, sobre las indagatorias iniciales en el caso del cabo segundo Brayán Castillo,  atropellado el pasado viernes en Curicó. 

Cabe recordar que en específico, el comandante del Ejército cuestionó la formalización del cabo Luis Ahumada, conductor del camión militar y aseguró que el accidente "es exclusiva responsabilidad de la conductora civil que lo atropelló por no conducir atenta a las condiciones del tránsito, a exceso de velocidad y en plena vigencia del toque de queda". 

La Fiscalía recordó en su declaración que basándose en los peritajes realizados por la SIAT de Carabineros, se determinó que tanto el chofer del vehículo militar y la civil tuvieron responsabilidad en el accidente, y por ende, ambos fueron formalizados. 

"Las actuaciones de los fiscales se basan en antecedentes objetivos, producto de las investigaciones que llevan adelante junto a las policías. Estas investigaciones están siempre sometidas al escrutinio y control de los Tribunales de Justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad", cita el comunicado de la Fiscalía.

Y agregaran que: "lo manifestado resulta no solo en una intromisión inadmisible en las facultades de exclusiva competencia del Ministerio Público, sino que denota además un profundo desconocimiento sobre el sistema de justicia procesal penal, respecto de cuyas decisiones hay una serie de actuaciones que los involucrados pueden efectuar".

El comunidado de la Fiscalía del Maule detalla lo siguiente:

• El Ministerio Público es un organismo autónomo, que ejerce con exclusividad las investigaciones penales en Chile, tal como lo mandatan la Constitución y las leyes, con el único objetivo de alcanzar reparación para las víctimas de los delitos, dándoles asimismo protección y apoyo. En los lamentables hechos ocurridos en Curicó, la única víctima es el cabo segundo del Ejército que, actuando en el ejercicio de sus funciones, sufrió gravísimos daños físicos y respecto de quien la Fiscalía tiene, por una parte, la obligación legal y constitucional de proteger y, por otra, la de establecer quién o quiénes son los responsables, con el fin de instar por el reproche penal respectivo ante los Tribunales de Justicia y las consiguientes acciones civiles en contra de las personas e instituciones a quienes pudiere reclamarse la mismas.

• En ese contexto, en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Local de Curicó, el fiscal de turno recibió, en el sitio del suceso, un informe preliminar de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros de Chile (SIAT) en el que se concluyó que la conductora de un automóvil civil y el militar conductor del vehículo del ejército del que descendió la víctima, tendrían responsabilidad penal en el accidente. Con esos antecedentes, el fiscal resolvió formalizar la investigación en contra de ambas personas ante el Tribunal de Garantía de Curicó, que estimó legal la detención, adecuada la formalización y pertinentes las medidas cautelares solicitadas en la audiencia respectiva.

• Las actuaciones de los fiscales se basan en antecedentes objetivos, producto de las investigaciones que llevan adelante junto a las policías. Estas investigaciones están siempre sometidas al escrutinio y control de los Tribunales de Justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad. 

• Por tanto, son inaceptables y del todo inapropiadas las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército, quien ha cuestionado las decisiones autónomas de la Fiscalía en una causa actualmente en tramitación. Lo manifestado resulta no solo en una intromisión inadmisible en las facultades de exclusiva competencia del Ministerio Público, sino que denota además un profundo desconocimiento sobre el sistema de justicia procesal penal, respecto de cuyas decisiones hay una serie de actuaciones que los involucrados pueden efectuar.

• Las Fiscalía siempre se ha conducido con respeto frente a otras instituciones y, en ese marco, rechaza categóricamente los comentarios vertidos e insta a encauzar los esfuerzos institucionales en proveer la mayor colaboración para alcanzar la adecuada reparación penal para la víctima de este lamentable accidente.