En compañía de los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, plasmó su firma en una iniciativa legislativa, que a grandes rasgos, busca crear un servicio que otorgará defensa jurídica a quienes sean víctimas de delitos. Es por ello, que el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, explicó los alcances del proyecto y su importancia en pos de garantizar acceso a la justicia para la ciudadanía.

“Creo que es una instancia muy necesitada que asegurará la justicia para todos. Desde ese punto de vista, se abre la posibilidad de dar asistencia a esas personas que antes, no tenían ese resguardo y que hoy desde el Ejecutivo se plantea como un proyecto de ley que esperamos tenga amplio respaldo del Congreso para que se materialice”, dijo la máxima autoridad regional.

Hoy la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública (DPP), que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público. En tanto en materias civiles, laborales y de familia existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).

Como dato relevante, durante el año 2019, las corporaciones de asistencia judicial dieron asesoría u orientación legal a 650.496 personas y patrocinaron judicialmente a 177.609 personas para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia. Sin embargo, no existe una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que éstas no reciben defensa jurídica o recurren a las mismas corporaciones de asistencia judicial, que entregan una oferta limitada.

Así entonces, durante 2019, estas corporaciones atendieron solo a 3.355 personas en materias penales, y presentaron acciones judiciales en 1.917 casos, aunque el número total de víctimas de delitos violentos es cercano a 95.000 por año.

“No solamente tendrá prestaciones como acceso a la justicia de forma gratuita, sino también algo tan relevante como contención emocional y social que se entregará a través de una coordinación oportuna. Las cifras, en su gran mayoría revelan que muchas veces quienes son víctimas de algún delito o flagelo, no tienen los medios para costear apoyo o asesoría judicial”, explicó el intendente Prieto.

¿Qué plantea el Proyecto de Ley?

Creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos

• El organismo defenderá los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social.

• El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

• La Defensoría concentrará lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia

• Este servicio se crea para contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo principal es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia

• Estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y se busca constituir como una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.